Legítimo derecho de defensa.

Estimado radioyente:

Ud., como yo y como todos los chilenos nos estamos acostumbrando a oír en las noticias diarias los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía.

A bien decir, no hay día en que no se produzca un atentado a la propiedad particular o pública, a una empresa, a carabineros, a una escuela, a los transportistas, etc., etc.

Oigamos algunos de los titulares más recientes sobre el tema:

“Gobierno de Chile solicita a Argentina coordinar acciones ante hechos de violencia en Macrozona Sur.

“Macrozona sur Continúan los ataques incendiarios en el sur: desconocidos queman siete máquinas en Victoria

“La Araucanía Macrozona Sur: desconocidos efectúan sabotaje a línea férrea y descarrilan e incendian un tren cargado con celulosa en Victoria

«Lo que hoy día hemos visto es un atentado en contra la vida humana, porque esto pudo haber sido también el tren de pasajeros que corre entre Victoria y Temuco», afirmó el delegado presidencial Víctor Manoli.

“Ministros de Interior y Defensa viajan a La Araucanía en medio de estado de excepción y tras fallos de la Suprema que ordenan adoptar medidas por violencia rural

“Ministerio Público Jorge Abbott encabeza mesa de trabajo para enfrentar la violencia rural junto a fiscales de la Macrozona Sur y pide presencia permanente de policía especializada en dichas regiones”.

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La pregunta obvia, delante de la situación creada es ¿cuáles debes ser las medidas del Estado de Chile para garantizar la restauración del orden y el respeto a la ley’

Las posiciones divergen al respecto. Los convencionales pertenecientes a pueblos originarios y otras colectividades políticas de izquierda, marcharon hasta La Moneda para hacer entrega de una carta firmada por cerca de 60 convencionales. En ella, se rechaza categóricamente el estado de emergencia constitucional (…). En consecuencia, también se exigió al Ejecutivo que desista del requerimiento ingresado al Congreso para que este autorice una nueva extensión de la medida”.

Al respecto de esta declaración, el columnista del medio “Pausa”, John Muller, declaro: “entre quienes mueven esa rosca está Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional que el [jueves pasado] calificó lo ocurrido de «política racista y violenta» del «Estado y del Gobierno». Cuando se trata de condenar la muerte de un carabinero o un civil no mapuche, ella no es Nelson Mandela, pero cuando es uno de los suyos, se victimiza. (Es) El doble estándar de la moral no compartida, del nativismo y el nacionalismo excluyente”.

Frente a posiciones tan divergentes, corresponde plantear algunos presupuestos que aclaren cuál debe ser la posición correcta delante de la situación.

El primero, y el más evidente de los principios es que “el fin no justifica los medios.” En efecto, se atribuye al conocido renacentista florentino, Nicolas Macchiavelo la máxima contraria, o sea, que el fin sí justifica los medios.

Los que aceptan esta máxima, ignoran que ella es la esencia del cinismo en materia de procedimientos. Pues, de ser así, se legitiman todas las acciones malas, bajo el ropaje de hacerlas con fines buenos.

La doctrina católica enseña que nunca los fines pueden justificar los medios. Ambos, fines y medios, deben estar inspirados por las normas de la moral, o sea de los Diez mandamientos de la Ley de Dios.

En segundo lugar, otro criterio muy importante para analizar el tema de la presencia de las FFAA en la Araucanía es saber si es lícito al Estado aplicar medidas de fuerza.

La respuesta está dada en el lema de nuestro escudo nacional: “Por la razón o la fuerza”. Ello quiere decir que primero se deben procurar los medios persuasivos y no violentos para restablecer el orden. Pero cuando los primeros, o sea la razón, no consigue restablecer el orden, entonces la autoridad pública debe aplicar los recursos de la fuerza pública para restablecer el Estado de Derecho.

El principio es obvio. Si cualquier particular tiene derecho a defenderse cuando es atacado, la sociedad, que no es sino el conjunto de los individuos, tiene el mismo derecho a la defensa. Y ese derecho se debe aplicar, en las vías normales de un régimen de derecho, por el monopolio de la fuerza en manos del Estado.

Hasta aquí, todo claro.

Pero, otro aspecto que se discute es si atrás de estos hechos de violencia existe sólo la delincuencia común, o es un foco de guerrilla de carácter terrorista.

La respuesta a esa pregunta es muy importante, pues de la respuesta dependerá el tipo de defensa que el Estado debe aplicar para poner fin a esta situación.

Consultado el Almirante Codina sobre cómo designa la situación: “¿violencia rural o terrorismo en la macrozona sur?”

Responde taxativamente: “Terrorismo. Esto es terrorismo. Ahí hay grupos, hay problemas, hay gente que reclama tierras, en fin, pero de esto se han aprovechado los terroristas, que además están con instrucciones de extranjeros, no me cabe la menor duda, porque los modelos que siguen son más o menos parecidos a lo que pasó en Colombia, Perú y otros países. Y aprovechan esto y se mantienen con el robo de madera, con narcotráfico, y de ahí tienen su fuente de financiamiento”.

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En resumen, todos los que no quieren la impunidad y buscan la reposición del Estado de Derecho, parecen coincidir en que se debe aplicar la fuerza. Si ella debe ser aplicada por las vías de la institucionalidad, es decir recurriendo a las fuerzas policiales y a los aparatos de inteligencia y no por medio de las FFAA, las respuestas divergen.

En lo que no hay duda, es que el Estado, a través de sus tres Poderes, debe promover todas las medidas necesarias para poner fin a esta situación.

O sea, corresponde al Parlamento aprobar con urgencia los proyectos de seguridad que duermen o están paralizados por la actitud de obstrucción que tienen aquellos parlamentarios de izquierda que dicen ser a favor de la paz, pero que cuando llega la hora de legislar, no lo hacen.

Corresponde al Ejecutivo no dejarse intimidar por las organizaciones que promueven un vocerío en defensa de los DDHH cuando muere un terrorista y se calla cuando muere un carabinero o un policía de la PDI.

Y, por último, corresponde al Poder Judicial, aplicar todo el rigor de la ley, cuando los culpables son llevados delante de los tribunales respectivos.

Mientras cada uno de ellos no cumpla con su deber constitucional, efectivamente no se le puede pasar el fardo a las FFAA.

Del cumplimiento de estas obligaciones dependerá la tranquilidad y el progreso de miles de familias que ahí viven, trabajan y quieren hacerlo en paz y seguridad.

El resultado de las próximas elecciones será un elemento de capital importancia para saber si esta situación de violencia desatada terminará pronto, o, en sentido opuesto, se transformará en un tumor que envenenará la vida de todo el País, como lo ocurrido en Colombia o Perú, con las FARCs y el Sendero Luminoso.

Por ahora tenemos la voz de los más directamente concernidos en el problema que fue consultada la semana pasada en referéndum vía internet.

En efecto, como se sabe, los resultados de la Consulta Ciudadana en La Araucanía, que contó con la participación de más de 140 mil personas, fueron claros: el 81,56% se pronunció a favor de mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona.

Delante de este resultado de la votación, el gobernador de la zona, Luciano Rivas, declaró: “le pedimos a los políticos, en especial a todos los diputados y senadores de Chile, que se escuche nuestra voz, no se hagan los sordos”.

Cuando los propios afectados por esta situación se manifiestan de modo tan abrumadoramente mayoritario no puede existir duda al respecto. Corresponde a la clase política estar a la altura del desafío y contribuir a poner fin a esta lacra social que es el terrorismo asociado al narco tráfico y a la delincuencia común.

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