Con la aprobación en general del proyecto “Escuelas protegidas” ocurrida en estos días, se ha dado un paso importante para asegurar la educación en Chile: se trata de una respuesta necesaria y urgente frente al deterioro sostenido de la convivencia escolar.

 La violencia en los establecimientos, la pérdida de autoridad docente y la normalización de la interrupción de clases han alcanzado niveles que hacen imposible sostener una educación de calidad. En este contexto, o se actúa con decisión o se sigue tolerando una situación que perjudica directamente a miles de estudiantes y sus familias.

Es fundamental ser claros: sin orden, sin seguridad y sin respeto por las normas básicas, no hay educación posible. Las medidas contempladas en el proyecto no son excesivas ni arbitrarias; son herramientas mínimas para garantizar que las escuelas cumplan su función esencial.

En este debate, hay un principio que debe ser afirmado sin matices: el derecho a la educación no puede ser relativizado bajo ninguna circunstancia. Este derecho pertenece principalmente a los padres de familia, quienes tienen la legítima expectativa de que sus hijos se formen en ambientes seguros.

Este punto adquiere una gravedad aún mayor cuando se considera la realidad de los sectores más vulnerables. Son precisamente estas familias de escasos recursos las más perjudicadas por la falta de orden y seguridad en la educación pública. A diferencia de los sectores con mayores ingresos, ellas no tienen la posibilidad de trasladar a sus hijos a colegios privados más seguros o con mejores condiciones de convivencia, pero más costosos. 

Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Católica, esta situación resulta especialmente preocupante. El principio del bien común exige que las instituciones sociales —y en particular el sistema educativo— aseguren condiciones básicas que permitan el desarrollo integral de todos. Tolerar la violencia y la interrupción de clases implica abandonar precisamente a los sectores que más necesitan de una educación estable y de calidad.

La Iglesia también ha sido clara en afirmar el rol primordial de la familia en la educación. Documentos como las Encíclicas  Rerum Novarum y Centesimus Annus, subrayan que el Estado debe actuar de manera subsidiaria, apoyando a las familias y garantizando las condiciones necesarias para que puedan cumplir su rol formativo.

En este contexto, resulta inaceptable el argumento de que una paralización “votada democráticamente” por estudiantes no debiera ser sancionada. Esta idea confunde participación con imposición. La doctrina social de la Iglesia es explícita: la democracia no puede reducirse a la simple regla de la mayoría cuando están en juego derechos fundamentales como es el de la libertad de educación. No es legítimo que un grupo de presión, aun cuando sea mayoritario dentro de un establecimiento, impida que otros ejerzan su derecho a la educación.

Aceptar esa lógica implicaría abrir la puerta a múltiples abusos. Si se justifica la interrupción de clases por votación, ¿qué impediría justificar otras vulneraciones de derechos bajo el mismo criterio? La coherencia exige rechazar de plano este tipo de razonamientos.

 Ya conocimos épocas en que la “lógica” era precisamente la de aprovecharse de minorías de izquierda al interior de la enseñanza o del mundo laboral, para promover huelgas y desacato a las leyes.

Nuestra experiencia reciente confirma los riesgos de esta permisividad. Las políticas de izquierda que relativizaron la autoridad frente a tomas y paralizaciones no solo fracasaron, sino que incentivaron la repetición de estos fenómenos. Hoy pretenden repetir la estrategia y no vacilan ni siquiera delante de la Ministra Linconao, al inaugurar el año de la Universidad Austral de Valdivia.

Frente a este escenario, el respaldo ciudadano al proyecto “Escuelas protegidas” debe ser interpretado como lo que es: una señal clara de que la sociedad exige orden, seguridad y responsabilidad en el sistema educativo.

Las familias, especialmente las más vulnerables, no están pidiendo medidas extremas, sino condiciones básicas para que sus hijos puedan aprender.

Fortalecer la autoridad docente es parte esencial de esta respuesta. La autoridad, entendida correctamente, no es autoritarismo arbitrario, sino una herramienta con la cual los colegios deben contar para prestar un servicio al bien común.

Hacemos votos para que esta importante iniciativa pueda llegar a puerto y no sea “bombardeada” por los legisladores de la izquierda que ven en ella un cercenamiento de sus discursos de lucha de clases al interior del colegio.